La Corte Constitucional ordenó al Gobierno reversar la intervención a EPS Sanitas, una de las más grandes del país, luego de una oleada de denuncias ciudadanas por el deterioro del servicio durante la administración estatal.
A solo unos días de cumplirse el plazo impuesto por el alto tribunal, el representante legal del Grupo Keralty —propietario de Sanitas—, Juan David Riveros, confirmó que el Estado tiene un máximo de 15 días para entregar nuevamente el control de la entidad. Según explicó, el próximo reto será hacer un diagnóstico preciso del estado financiero y operativo actual, luego de más de tres meses de gestión por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
Mientras tanto, los pacientes hablan de una realidad muy distinta a la que ha comunicado el Gobierno. La Asociación de Usuarios de Sanitas alzó la voz y denunció un “deterioro progresivo y alarmante” desde el inicio de la intervención estatal en abril de 2024.
Según su comunicado, se han reportado fallas graves en la entrega de medicamentos, citas médicas inalcanzables, y demoras críticas en servicios especializados, poniendo en riesgo la salud de miles de personas.
“Nos están dejando solos”: la versión de los usuarios
El discurso oficial de que los servicios habrían mejorado tras la intervención es fuertemente cuestionado por la Asociación:
“Somos los usuarios quienes padecemos a diario los efectos de este deterioro… Nos preocupa que se diga lo contrario sin evidencia”, afirma el documento.
También critican los ataques públicos al Grupo Keralty, alegando que no hay pruebas sólidas que justifiquen la estigmatización de su gestión, especialmente cuando, según los usuarios, “ayudó a mantener en pie la red de atención médica en condiciones extremas”.
Aunque reconocen los esfuerzos de los agentes interventores, advierten que los problemas estructurales del sistema no se resuelven con medidas unilaterales ni discursos políticos. Exigen una discusión técnica, respetuosa y transparente que priorice la vida y el bienestar de los pacientes.
Una crisis de fondo que va más allá de Sanitas
Lo que está en juego ya no es solo el control de una EPS. La situación de Sanitas refleja una crisis profunda del sistema de salud colombiano, marcada por decisiones apresuradas, reformas incompletas y una red pública cada vez más sobrecargada.
El caso ha convertido a Sanitas en símbolo de la tensión entre el control institucional y la realidad en clínicas, hospitales y farmacias. Las voces ciudadanas —antes aisladas— ahora encabezan el debate, exigiendo algo más que promesas: resultados tangibles.
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