La represión en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes, con el régimen de Nicolás Maduro apuntando cada vez más a jóvenes y menores de edad como blanco de sus tácticas de control. Desde las elecciones fraudulentas de julio, se ha desencadenado una persecución sin precedentes, donde al menos 120 adolescentes han sido detenidos, muchos bajo acusaciones infundadas de terrorismo o incitación al odio.
La estrategia del régimen se basa en la detención arbitraria y el uso de la violencia física y psicológica. Las víctimas son llevadas a instalaciones juveniles bajo control militar, donde sufren abusos como golpizas, privación del sueño y en algunos casos, descargas eléctricas. Estos menores son forzados a participar en rituales de culto a la figura de Hugo Chávez, según informes de organizaciones de derechos humanos, mientras que sus familias son amenazadas y extorsionadas para no denunciar.
Uno de los casos más impactantes es el de un joven de 15 años que fue acusado de terrorismo por un simple juego en redes sociales. Detenido sin acceso a un abogado, su familia ha sido intimidada para pagar grandes sumas de dinero a cambio de su liberación, una táctica común entre las fuerzas de seguridad venezolanas, que utilizan la extorsión como método de control.
La comunidad internacional, incluyendo organismos como la Corte Penal Internacional, ha comenzado a investigar estos crímenes de lesa humanidad, mientras los grupos defensores de derechos humanos continúan luchando contra una creciente ola de censura y violencia.
La situación de los menores detenidos bajo el régimen de Maduro representa un oscuro capítulo en la historia de Venezuela, donde los derechos más básicos de la juventud han sido aplastados en nombre de la represión política. Las perspectivas a corto plazo para las familias de estos jóvenes siguen siendo desoladoras, con pocas esperanzas de justicia en un país donde el sistema judicial está completamente cooptado por el régimen.
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