Venezuela se encuentra al borde de un momento decisivo. Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor al actual presidente Nicolás Maduro, la oposición y diversos actores internacionales han cuestionado la legitimidad de estos resultados. Edmundo González Urrutia, candidato opositor, ha sido reconocido por países como Estados Unidos, Argentina y Uruguay como el legítimo presidente electo de Venezuela. 
Domingo Salgado, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ha expresado que la voluntad popular fue claramente manifestada en las urnas a favor de González Urrutia. Sin embargo, las actas electorales que respaldan esta victoria se encuentran bajo custodia del gobierno de Panamá, lo que complica su verificación pública. 
La comunidad internacional se muestra dividida. Mientras países como Rusia, China, Irán y Cuba respaldan a Maduro, otros como Estados Unidos, Argentina y Uruguay reconocen a González Urrutia como presidente electo.  Esta polarización incrementa la tensión en Venezuela, donde las manifestaciones ciudadanas han sido reprimidas, reflejando el anhelo de cambio de la población.
María Corina Machado, líder opositora, fue detenida brevemente tras participar en movilizaciones en Caracas, lo que evidencia la arbitrariedad de los órganos policiales en el país.  A pesar de la represión, la oposición mantiene su postura firme. González Urrutia ha anunciado su intención de regresar a Venezuela para asumir la presidencia el 10 de enero, coincidiendo con la fecha en que Maduro planea su toma de posesión. 
La situación es crítica y los escenarios son inciertos. La posibilidad de que González Urrutia sea juramentado por la Asamblea Nacional o, en su defecto, por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, está sobre la mesa. No obstante, la consolidación del régimen de Maduro podría derivar en un golpe de Estado que ignore la voluntad popular expresada en las elecciones.
La comunidad internacional, especialmente países de América, enfrenta el desafío de contribuir al desarrollo democrático y social de Venezuela. La situación actual no solo afecta a los venezolanos, sino que tiene implicaciones hemisféricas, considerando las alianzas del gobierno de Maduro con actores internacionales controvertidos.
El desenlace de este conflicto determinará el futuro inmediato de Venezuela y su sistema democrático. La esperanza de los venezolanos radica en que se respete su voluntad expresada en las urnas y que se restablezca un sistema donde el voto sea la herramienta legítima para elegir y deponer gobernantes.
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