¿Test de drogas para Gustavo Petro? La polémica que sacude al país y sus posibles consecuencias legales

Una carta del excanciller Álvaro Leyva desató una tormenta política en Colombia: acusa al presidente Petro de supuesta drogadicción. La oposición pide exámenes médicos, mientras expertos advierten las implicaciones constitucionales.

En la mañana del 23 de abril, el excanciller Álvaro Leyva reveló una carta dirigida al presidente Gustavo Petro que ha encendido la controversia nacional. En el documento, Leyva sugiere que, durante una visita oficial a París, el mandatario habría estado desaparecido durante dos días, insinuando problemas de adicción. “Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller”, afirmó Leyva.

La respuesta del presidente no se hizo esperar. Petro, a través de su cuenta en X, desmintió las acusaciones y aseguró que simplemente visitaba a su familia en París. “Se me volvió pecado estar con mi familia”, escribió, calificando los señalamientos como una persecución política disfrazada.

El hecho ha provocado reacciones inmediatas desde el Congreso. Varios legisladores han solicitado que el presidente se someta a exámenes médicos que descarten o confirmen el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, analistas como Juan Nicolás Garzón, docente de la Universidad de La Sabana, explican que el proceso no es tan simple. “Legalmente, el Senado puede declarar una incapacidad física permanente del Presidente, pero requiere una certificación médica emitida por tres entidades de la más alta autoridad científica en el país”, recordó, citando el artículo 326 de la Constitución.

Aun así, Garzón considera que este escenario es más un acto de presión política que una medida viable. “La posibilidad de que Petro sea sometido a un test obligatorio es remota, más por razones políticas que jurídicas”, afirmó. Según el experto, si llegara a comprobarse un consumo de sustancias, esto podría afectar la percepción de las capacidades del presidente para ejercer sus funciones.

Más allá de lo jurídico, este nuevo episodio se perfila como otro punto de polarización nacional. “La oposición utilizará el escándalo como argumento para debilitar al Gobierno, mientras que Petro lo presentará como un ataque personal y político”, concluyó Garzón. El país, nuevamente, se encuentra dividido en torno a una controversia que puede no cambiar el rumbo del gobierno, pero sí el de la conversación pública.

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