El día de hoy podría definirse el rumbo de la educación superior pública en Colombia. El Senado votará los artículos clave de una reforma que promete garantizar su sostenibilidad o dejarla al borde del colapso.
La plenaria del Senado tiene en sus manos una decisión histórica: este martes 23 de septiembre se votará el Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y busca asegurar una financiación estable y suficiente para las universidades públicas del país.
Hasta el momento, ya se aprobaron los artículos 1, 5 y 7 del proyecto, que reconocen la educación como un derecho y promueven principios de equidad, inclusión y un aumento progresivo de los recursos. Sin embargo, lo realmente decisivo está por votarse: la transformación de fondo en el modelo de financiación.
Durante el actual gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, se han girado recursos extraordinarios a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, lo que ha permitido mejoras significativas en infraestructura, calidad, bienestar estudiantil e investigación. Aun así, el Ejecutivo advierte que estos esfuerzos no bastan sin una ley que garantice sostenibilidad a largo plazo.
La reforma no solo responde a las necesidades actuales: proyecta el crecimiento y la transformación del sistema de educación superior pública con más cobertura, docentes mejor remunerados, fortalecimiento de la investigación y mejoras en infraestructura y laboratorios.
Pero si el Congreso no aprueba esta reforma, las universidades públicas seguirán operando con recursos que crecen por debajo de sus gastos, limitando su capacidad de responder a las necesidades de la sociedad. Esto afectaría especialmente a los estudiantes de zonas rurales y sectores vulnerables, que dependen de la educación pública para construir un futuro mejor.
Además de cambiar la fórmula de financiación —que ya no dependería solo de la inflación, sino de los costos reales de funcionamiento— la reforma incluye por primera vez a las instituciones técnicas y tecnológicas, y fija metas claras para cerrar brechas regionales y aumentar la calidad.
De no aprobarse, advierten voceros del sector educativo, la universidad pública seguirá “asfixiada” y miles de jóvenes verán frustrados sus sueños de acceso a la educación superior.
La reforma aún debe superar dos debates más en la Cámara de Representantes: uno en la Comisión VI y otro en la plenaria. Si no requiere conciliación, pasará a sanción presidencial.
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