La discusión por el salario mínimo de 2026 entró en una fase crítica. Este lunes, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se reunirá con empresarios y centrales obreras para definir un nuevo decreto, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el aumento del 23,7 % que ya había sido fijado.
La decisión del alto tribunal no solo agitó el panorama económico, sino que dejó al sector empresarial dividido y abrió un periodo de incertidumbre que deberá resolverse en un plazo de ocho días.
Andi sorprende: pide mantener el incremento
Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), su presidente Bruce Mac Master adoptó una postura que llamó la atención del sector económico. Aunque el gremio había advertido en diciembre que un alza superior a la productividad podría afectar el empleo formal, ahora solicita que se mantenga el incremento.
El argumento central no es técnico, sino social: 2,4 millones de trabajadores ya cuentan con ese dinero en sus presupuestos.
“Sería muy complejo retroceder en este momento”, afirmó Mac Master en diálogo con Caracol Radio.
Para el dirigente, desmontar el aumento generaría una inestabilidad difícil de manejar en la economía doméstica. Sin embargo, reconoció que los costos previstos para las empresas son “inmensos” y ya se están sintiendo.
Fenalco respalda la suspensión: “Pan de hoy y hambre para mañana”
En la otra orilla está la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). Su presidente, Jaime Alberto Cabal, respaldó la decisión del tribunal y calificó el aumento como “casi insostenible”, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Cabal aseguró que el decreto suspendido representaba “pan de hoy y hambre para mañana”, al considerar que un salario mínimo desconectado de criterios técnicos pone en riesgo la estabilidad del empleo.
También advirtió que el incremento se suma a otros costos derivados de la reforma laboral, como los recargos nocturnos y dominicales. En ese contexto, espera que el nuevo decreto sea “ponderado” y ajustado a la realidad económica actual.
Un plazo de ocho días y un posible “limbo”
La decisión del Consejo de Estado otorga al Gobierno un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto. Mientras tanto, según Cabal, se abre un periodo de ajuste que algunos califican como un “limbo” frente a la aplicación del incremento.
El nuevo porcentaje dependerá de lo que acuerden Gobierno, empresarios y trabajadores en la reunión convocada para este lunes.
Propuesta sobre la mesa: salario mínimo regional
En medio del debate, Fenalco reactivó una propuesta estructural: establecer un salario mínimo diferencial por regiones.
“No es lo mismo un salario mínimo en Bogotá que en Quibdó”, sostuvo Cabal, insistiendo en que la realidad económica del país no es homogénea.
El pulso continúa
Con el país atento a la decisión del Ejecutivo, el sector empresarial permanece dividido entre mantener el aumento por estabilidad social o ajustarlo bajo criterios técnicos para proteger el empleo.
El reloj corre y el Gobierno Petro tiene ocho días para redefinir una cifra que impactará directamente a millones de trabajadores y a la sostenibilidad de miles de empresas en 2026.
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