El salario de los congresistas colombianos, que varía entre $72 millones y $81 millones mensuales, incluye un sueldo base, gastos de representación, primas especiales y otros beneficios. Los parlamentarios gozan de altos salarios y varios beneficios adicionales, lo que genera polémica en medio de las jornadas extraordinarias y la discusión sobre la reforma a la salud.
Con el inicio de las sesiones extraordinarias, anunciadas por el Gobierno para agilizar la discusión de la reforma a la salud, se reavivó el debate sobre los salarios de los congresistas, quienes, además de recibir un sueldo base considerable, gozan de beneficios adicionales como gastos de representación y primas especiales.
Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, los congresistas colombianos devengan aproximadamente $48 millones mensuales, a lo que se suman otros rubros. Estos incluyen el sueldo básico, compuesto por la asignación básica mensual y los factores salariales, que abarcan primas, bonificaciones y gastos de representación. Además, están las remuneraciones no constitutivas de factor salarial, las contribuciones a salud y pensión y las prestaciones sociales como licencias y incapacidades.
El desglose revela que los senadores reciben un salario mensual compuesto por una asignación básica de $11,6 millones, $20,6 millones por gastos de representación y $15,8 millones por la prima especial de servicios, sumando un total de $74,6 millones al mes. Por otro lado, los representantes a la Cámara tienen un salario base de $10,3 millones, más $21,9 millones por gastos de representación y $21,4 millones por la prima especial, lo que eleva su ingreso mensual a $72,8 millones.
El gasto total mensual de algunos funcionarios alcanza montos aún más altos. Por ejemplo, el secretario de la Cámara recibe $83,2 millones al mes, y el director del Senado puede llegar a recibir hasta $98,8 millones mensuales.
Esta cifra, que pone a los congresistas entre los funcionarios con los salarios más altos del Estado, sigue siendo un tema controversial, especialmente considerando que disfrutan de dos periodos de vacaciones anuales. La situación genera debate sobre la equidad y el uso de recursos públicos, especialmente en el contexto de los ajustes a la reforma a la salud y otros proyectos legislativos.
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