La Registraduría Nacional del Estado Civil ha adjudicado un contrato por 41.000 millones de pesos a la Unión Temporal Disproel 2024, conformada por tres empresas: Grupo ASD, Compañía Colombiana de Seguridad Transbank y la multinacional Thomas Greg & Sons. Este contrato, clave para la logística, tecnología e informática de las elecciones de las Juntas Administradoras Locales (J.A.L.), abarcará 42 municipios de 22 departamentos, con comicios previstos para noviembre de 2024.
El proceso ha generado polémica en la esfera política. El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, expresó que los términos del contrato parecían estar diseñados para favorecer a Thomas Greg & Sons, empresa que ha sido criticada por su amplia participación en contratos estatales, especialmente en procesos electorales. En respuesta, la Registraduría aseguró que la licitación fue abierta durante 45 días, permitiendo la participación de cualquier interesado, aunque la Unión Temporal Disproel fue la única oferente.
La controversia se ha amplificado por declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha señalado a Thomas Greg & Sons como un “megacontratista” que maneja información sensible de los ciudadanos. Sin embargo, la Registraduría desmintió estas afirmaciones, aclarando que la multinacional no tiene control sobre los datos ni el escrutinio electoral, ya que estas funciones recaen en los jurados de votación y los jueces, respectivamente. Además, indicaron que Thomas Greg & Sons ha tenido una participación limitada al manejo logístico de eventos electorales, sin involucrarse en la administración de bases de datos como insinuó el mandatario.
Este contrato forma parte de una serie de acuerdos que Thomas Greg & Sons ha mantenido con el Estado colombiano, gestionando procesos electorales desde 2010. A pesar de las críticas, la empresa continúa siendo un actor principal en estos contratos, bajo estrictos acuerdos de confidencialidad que limitan su acceso y manipulación de datos sensibles.
El ambiente de tensión política alrededor de este proceso también ha dado lugar a preocupaciones de que el Gobierno busque deslegitimar la labor de la Registraduría, especialmente en vistas de las elecciones generales de 2026.
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