El Ministerio de Salud expidió un decreto que implementa el nuevo modelo de atención primaria en salud, dando un paso clave en la transformación del sistema, sin que la reforma haya sido aprobada en el Congreso. El modelo —preventivo, predictivo y resolutivo— otorga más poder a las entidades territoriales (como las Secretarías de Salud) para organizar la red de servicios y gestionar el acceso de los pacientes.
Uno de los cambios más controversiales es la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), cuya organización pasa de las EPS a las autoridades locales. La medida ha generado preocupación entre gremios como Acemi, que alertan sobre un cambio de roles que, aseguran, debería hacerse por ley, no por decreto.
También se implementan los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que se convierten en la puerta de entrada obligatoria al sistema, limitando la libre elección de EPS por parte de los usuarios. Además, se crean regiones funcionales para territorializar la atención, otro punto que críticos consideran fuera del alcance del Ejecutivo.
Uno de los pocos cambios que ajustó el Ministerio fue el del proceso de referencia y contrarreferencia de pacientes. Aunque inicialmente se trasladaba esa función a los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE), el decreto final mantiene esa tarea bajo responsabilidad de las EPS.
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas ya anunció que revisará la constitucionalidad del decreto, mientras que Acemi no descarta acciones legales ante el Consejo de Estado. Las medidas llegan en medio de la incertidumbre legislativa, luego de que el primer proyecto de reforma se hundiera en 2024 y el segundo aún no se debate en el Senado.
El presidente Gustavo Petro ya había advertido: “Vemos en decretos hasta dónde se puede salvar y lo demás se liquida”, una señal clara de que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar con su reforma al margen del Congreso. Pero el camino legal y político que abre este decreto apenas comienza.
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