El 2 de diciembre de 2024, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con 124 votos a favor, la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), una iniciativa que busca fortalecer la autonomía financiera de los departamentos, distritos y municipios del país. Este proyecto de acto legislativo, que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, está ahora a la espera de la conciliación con el Senado y la posterior sanción presidencial por parte de Gustavo Petro para convertirse en ley.
La reforma propone un incremento gradual en las transferencias de recursos desde la Nación hacia las entidades territoriales, elevando el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación destinados al SGP del actual 24% a un 39,5% en un periodo de 12 años, iniciando en 2027. Este aumento tiene como objetivo principal mejorar la financiación de servicios esenciales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico en las regiones.
Durante el debate, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó la importancia de esta reforma como un primer paso en la discusión sobre el futuro del Estado colombiano y su estructura territorial. “Este es solo el principio de una discusión, que nos va a durar años, sobre cuál es el Estado colombiano que vamos a querer hacia el futuro”, afirmó Cristo.
La aprobación en la Cámara también incluyó la negación de una proposición de archivo presentada por la representante Katherine Miranda. Posteriormente, con 130 votos a favor y tres en contra, se aprobó la ponencia positiva del proyecto en su último debate. Uno de los puntos clave fue la discusión sobre el porcentaje de las transferencias regionales; se presentó una proposición para reducir el umbral propuesto del 39,5% al 37%, siguiendo recomendaciones de la Misión de Descentralización. Sin embargo, esta propuesta no fue acogida, manteniéndose el porcentaje original con un incremento gradual hasta 2038.
La reforma al SGP ha generado diversas opiniones. Mientras algunos sectores la consideran un avance significativo hacia la descentralización y el fortalecimiento de las regiones, otros expresan preocupaciones sobre su sostenibilidad fiscal y la capacidad de las entidades territoriales para manejar los nuevos recursos de manera eficiente. Expertos como Julián López Murcia han señalado que, aunque la descentralización es necesaria, la forma en que se está implementando podría llevar a una contrarreforma en el futuro debido a posibles desafíos fiscales y administrativos.
Con la aprobación de esta reforma, Colombia da un paso importante hacia la consolidación de un Estado más descentralizado, donde las regiones tendrán mayor autonomía para gestionar sus recursos y atender las necesidades de sus comunidades. No obstante, será fundamental acompañar este proceso con medidas que fortalezcan las capacidades administrativas y de gestión de las entidades territoriales, garantizando así una implementación efectiva y sostenible de la reforma.
Leave a Reply