El presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia este fin de semana al solicitar a la Fiscalía General de la Nación que investigue a funcionarios públicos que, según denuncias oficiales, habrían obstaculizado la entrega de tierras del narcotráfico a campesinos en Puerto Salgar, Cundinamarca.
La polémica se desató tras las declaraciones del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, quien aseguró que en medio del proceso de recuperación de cerca de 3.000 hectáreas, presuntamente ocupadas de forma ilegal por Jorge Pérez Sicacha —heredero del clan de alias “El Mexicano” o “Gacha”—, se encontraron con “una institucionalidad que alcahuetea: la alcaldía, el personero y la Policía”.
Ante estos hechos, el mandatario fue enfático:
“Es increíble que el poder local institucional de Puerto Salgar no colabore con la entrega de los predios del narcotráfico al campesinado. Esta es una orden de la humanidad, no solo del presidente, dado que emana del acuerdo de paz entregado como tal, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.
Por su parte, Harman afirmó: “No vinimos a legitimar mafias, vinimos a recuperar y devolver la tierra al campesinado sin tierra”, y anunció que solicitarán formalmente investigaciones, al considerar que estas tierras estatales deben estar al servicio del pueblo.
La denuncia pone nuevamente sobre la mesa los desafíos estructurales y de corrupción que enfrenta la implementación de la reforma agraria en Colombia.
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