El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha logrado convertir una decisión económica altamente cuestionada en una victoria política estratégica a pocas semanas de las elecciones legislativas. El aumento del salario mínimo del 23% para 2026 —decretado unilateralmente en diciembre— no solo desató críticas y demandas judiciales, sino que ahora cuenta con el respaldo mayoritario de gremios empresariales y sectores de la derecha.
Un aumento histórico que desató tormenta política
El decreto elevó el salario mínimo a 2 millones de pesos (poco más de 500 dólares), una cifra que supera ampliamente la inflación proyectada para 2025 (5,1%) y las propuestas previas: 9% del sector privado y 15% de los sindicatos.
La decisión rompió la tradición de la mesa de concertación, donde el Gobierno actúa como árbitro entre empresarios y trabajadores. En esta ocasión, el Ejecutivo subió la apuesta.
El decreto fue demandado en múltiples ocasiones y la semana pasada el Consejo de Estado lo suspendió temporalmente, solicitando una mejor argumentación jurídica y otorgando ocho días al Gobierno para expedir un nuevo decreto.
De la crítica al respaldo: giro inesperado
Lo que parecía un revés judicial terminó convirtiéndose en un giro político inesperado. Tanto gremios como figuras de la derecha han pedido mantener el incremento del 23%.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce Mac Master, señaló que el país debe enfocarse en mitigar los efectos inflacionarios y laborales del aumento, pero no en desmontarlo.
No todos están de acuerdo. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) insiste en que el alza podría provocar la pérdida de 773.000 empleos. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, ha sido uno de los críticos más fuertes de la medida.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró tras la reunión de la mesa tripartita que existe una opinión mayoritaria empresarial favorable a no modificar el 23,7%.
El argumento del “salario vital familiar”
El núcleo de la controversia está en la justificación del decreto. Petro sustentó el aumento en el concepto de “salario vital familiar”, basado en estudios de la Organización Internacional del Trabajo, que calcula cuánto necesita una familia para vivir dignamente.
Según el mandatario, en promedio hay 3,4 personas por hogar y 1,5 trabajadores por familia. Con una canasta familiar que supera los tres millones de pesos, el Gobierno considera que dos millones por trabajador cubrirían ese mínimo vital.
El presidente también ha defendido que los trabajadores “no viven solos, viven en su familia”, y ha reconocido que la medida puede generar presión inflacionaria, pero la justifica como una apuesta por “democratizar la riqueza”.
Una jugada con impacto electoral
A menos de tres semanas de las elecciones legislativas, el panorama favorece al Gobierno. Todo apunta a que Petro expedirá un nuevo decreto con una argumentación más robusta, pero manteniendo el incremento del 23,7%.
Más allá del debate técnico sobre productividad e inflación, el movimiento ya produjo un efecto político claro: el primer presidente de izquierdas en la historia contemporánea de Colombia logró que empresarios y sectores opositores terminen defendiendo su aumento.
En términos de narrativa política y estrategia electoral, la movida no solo elevó el salario mínimo más de 18 puntos por encima de la inflación: elevó también la posición de Petro en la batalla pública por la economía y el voto popular.
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