El presidente Gustavo Petro sancionó la nueva Ley de Salud Mental, una normativa que redefine el enfoque psicosocial en Colombia y obliga a colegios, hospitales y entidades de salud a transformar la forma en que abordan la salud emocional y psicológica. La ley, construida a partir de seis proyectos acumulados y respaldada por más de 50 entidades académicas y comunitarias, busca dejar atrás la visión tradicional de la salud mental como un asunto marginal.
Con este nuevo marco legal, todos los centros asistenciales —tanto públicos como privados— deberán contar con profesionales especializados para atender crisis emocionales, ansiedad, depresión y consumo de sustancias. La ley también da un giro hacia lo preventivo y comunitario: se crearán redes territoriales de apoyo, líneas de atención, casas de salud mental y programas educativos desde la infancia.
Además, prioriza a grupos históricamente vulnerables como adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto, comunidades étnicas y personas con discapacidad psicosocial, estableciendo un enfoque diferencial obligatorio.
¿Y cómo se financiará todo esto?
La ley contempla la creación de una subcuenta específica en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para asegurar una financiación estable. También se fortalecerá el Observatorio Nacional de Salud Mental con monitoreo territorial y análisis de los determinantes sociales en cada región.
Petro fue enfático: “La ley no puede quedarse en el papel. Debe implementarse en colegios, hospitales y hogares”. Asimismo, anunció el impulso de una red nacional de formación para aumentar el número de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales.
Las EPS e IPS que no cumplan enfrentarán sanciones. La Superintendencia de Salud ejercerá control estricto para garantizar que la atención en salud mental no se obstaculice ni se limite.
“Hoy muchas personas están pidiendo a gritos ser escuchadas”, afirmó la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, autora de la ley. “Y esta vez, Colombia ha respondido”.
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