El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte Constitucional y reconocido por sus posturas críticas frente al Gobierno, asumirá el examen jurídico del polémico decreto con el que el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular nacional.
Ibáñez, quien ha insistido públicamente en la independencia del poder judicial, tendrá ahora en sus manos la decisión de fondo sobre si el decreto presidencial se ajusta o no a la Constitución. El proceso comenzó con el reparto oficial del caso y ahora su despacho se encargará de recopilar pruebas, solicitar conceptos y redactar la ponencia que será debatida en la Sala Plena.
Este fallo será determinante, ya que definirá el futuro de una consulta que ha generado amplio debate político y jurídico. La Corte también deberá resolver recusaciones contra magistrados señalados de cercanía con el presidente, como Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, lo que añade tensión al caso.
La expectativa es alta: el país aguarda una decisión que podría marcar un precedente clave en el equilibrio de poderes y en los límites del Ejecutivo para acudir a mecanismos de participación ciudadana por decreto.
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