El ministro de Salud generó indignación tras afirmar que los menores de 18 años están bajo patria potestad del Estado. Juristas, políticos y expertos reaccionaron con preocupación, exigiendo rectificación y aclaraciones oficiales del Gobierno.
Una fuerte controversia nacional desató el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras asegurar en un evento público que “todo niño, niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado”. La afirmación fue rápidamente rechazada por expertos en derecho, sectores políticos y defensores de la familia, quienes advirtieron sobre las implicaciones legales y éticas de dicha postura.
La exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, fue una de las primeras en pronunciarse, calificando las palabras del ministro como “una señal alarmante” y un “error” grave. “La patria potestad es de los padres, como lo establece nuestro Código Civil. El Estado puede acompañar, pero no reemplazar el rol de la familia”, aseguró a través de sus redes sociales.
Plazas también pidió que el ICBF, como entidad encargada de proteger los derechos de la niñez, se pronuncie de manera urgente para aclarar si la afirmación del ministro responde a una nueva postura del Gobierno nacional.
Desde el Congreso, la reacción no se hizo esperar. La senadora María Fernanda Cabal fue contundente: “Los hijos no son del Estado. Pretender que el Estado sustituya a la familia es propio de regímenes totalitarios. No se equivoque, ministro”. El senador Miguel Uribe también criticó fuertemente: “Aún vivimos en democracia y esa democracia la vamos a defender”.
El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, advirtió que esta visión podría estar alineada con una intención de adoctrinamiento ideológico. “Esto es demasiado grave, no les basta con el adoctrinamiento a través de Fecode. Ojo con la libertad en Colombia”, señaló.
El Partido Conservador emitió un comunicado oficial rechazando tajantemente la afirmación del ministro. “No permitiremos que se posicione un relato que vulnere la ley que protege a la familia como núcleo de la sociedad”, enfatizó la colectividad.
La controversia se suma a una serie de cuestionamientos recientes que han rodeado a Jaramillo, incluidos señalamientos por presuntas presiones en contratación ejercidas desde la Superintendencia de Salud por su esposa, Beatriz Gómez. Por este caso, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para esclarecer los hechos.
En medio del escándalo, el silencio del ICBF y del presidente Petro sobre las declaraciones de su ministro ha generado aún más incertidumbre. Por ahora, sectores políticos y sociales exigen una rectificación clara y un pronunciamiento oficial que ratifique el respeto a los derechos fundamentales de los padres sobre la crianza de sus hijos.
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