A pocos días de la investidura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el lunes 20 de enero, líderes diplomáticos de diez países de América Latina y el Caribe han expresado su profunda inquietud ante las promesas de deportaciones masivas de migrantes indocumentados.
En una declaración conjunta, los representantes de Brasil, Belice, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela manifestaron que tales medidas son incompatibles con los principios fundamentales de los derechos humanos y no abordan eficazmente las causas estructurales de la migración.
“Reafirmamos que todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables, y que todos los Estados están obligados a respetarlos, protegerlos y a procurar adoptar medidas para su plena realización”, señala el documento.
Los países firmantes se comprometen a defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, rechazando su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio y protegiéndolas de la delincuencia transnacional organizada que se lucra de la migración.
Además, la declaración sugiere reactivar las reuniones sobre migración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para crear un espacio amplio de discusión de propuestas que aborden esta problemática de manera integral.
La comunidad internacional observa con atención las acciones que la nueva administración estadounidense implementará en materia migratoria y cómo estas afectarán a millones de personas en el continente.
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