La nueva etiqueta permitirá acelerar rechazos de asilo en un máximo de tres meses, pese a informes que documentan conflictos armados internos y graves violaciones de derechos humanos.
El Parlamento Europeo ha aprobado una lista de “países seguros” que incluye a Colombia, una decisión que busca agilizar los procesos de asilo en la Unión Europea, pero que ha encendido las alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de migrantes.
La categoría de “país seguro” implica que, por defecto, las personas solicitantes provienen de un lugar donde no existe riesgo sistemático para su vida o libertad. En la práctica, esto permite a las autoridades europeas rechazar solicitudes de asilo en un plazo máximo de tres meses y acelerar los retornos al país de origen.
Sin embargo, para organizaciones civiles y activistas colombianos, la etiqueta dista de reflejar la realidad del país.
“Un país donde los líderes y defensores de derechos humanos no pueden expresarse, donde se viola, se desaparece y se asesina a niños, mujeres y jóvenes, no es un país seguro”, afirma Claudia Álvarez, portavoz de Guardianas de la Memoria.
Álvarez, quien obtuvo asilo en Barcelona tras años de persecución y un exilio previo en Chile, advierte que el temor entre colombianos y peruanos ha aumentado ante la posibilidad de devoluciones más rápidas.
Los datos que cuestionan la decisión
En diciembre de 2025, la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) publicó un informe en el que identificó ocho conflictos armados internos en Colombia, pese a las políticas de “Paz Total” impulsadas por el Gobierno. Según el informe, actores armados no estatales han ampliado su presencia territorial, ejercen control social mediante confinamientos, desplazamientos y extorsiones, y compiten por economías ilícitas.
Los datos citados por la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO), con base en cifras de la ONU y la Defensoría del Pueblo, reflejan un panorama preocupante:
- Un asesinato cada dos días de personas defensoras de derechos humanos o líderes sociales en 2025.
- 78 masacres registradas en 2025 (13 en lo que va de 2026).
- 73 % del territorio nacional con presencia y control de algún grupo armado no estatal.
- 194 niños reclutados en 2025 en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Nariño.
Para Vincent Vallies, portavoz de OIDHACO, considerar a ciertos países como seguros “implica, de facto, negar a muchas personas la posibilidad real de solicitar protección internacional”. Además, sostiene que esta regulación podría entrar en tensión con la Convención de Ginebra de 1951, que establece el principio de no discriminación por país de origen y el principio de no devolución a un país inseguro.
¿Un cálculo político?
Cuatro países latinoamericanos figuran entre los 20 con más solicitudes de asilo en la UE: Venezuela, Colombia, Perú y Haití. Aunque las solicitudes venezolanas y haitianas han aumentado, las colombianas han disminuido un 61 % en España —principal receptor de solicitudes latinoamericanas— mientras las venezolanas crecieron un 31 %.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) sostienen que la reducción no implica menor necesidad de protección, sino mayores barreras de acceso. Señalan nuevos acuerdos para externalizar fronteras, lentitud en la resolución de solicitudes y cambios normativos que dificultan la regularización.
La Comisión Europea ya había expresado preocupación por el alto número de solicitudes provenientes de países exentos de visado para estancias cortas. Según la EUAA, desde 2015 se estima en un 18 % el volumen de solicitudes consideradas infundadas.
No obstante, organizaciones denuncian una creciente automatización de respuestas negativas para venezolanos, peruanos y colombianos, mientras la propia Ayuda Humanitaria de la Comisión reconoce las crisis complejas que afectan a la región y sus cerca de 21 millones de desplazados.
Temor e incertidumbre
Para los activistas, la inclusión de Colombia en la lista responde más a una voluntad de limitar el acceso al territorio europeo que a un análisis detallado de la situación interna del país.
“Entre colombianos y peruanos hay mucho temor. No quieren ya pedir asilo por miedo a ser devueltos”, señala Claudia Álvarez. También existe incertidumbre sobre qué ocurrirá con quienes solicitaron protección antes de la designación como “país seguro”.
Su conclusión es contundente:
“Si antes era difícil conseguir el estatus de refugiado, ahora va a ser casi imposible”.
La decisión europea abre así un nuevo capítulo en el debate sobre migración y derechos humanos, en un contexto en el que los datos sobre violencia y desplazamiento en Colombia siguen generando controversia sobre qué significa, en la práctica, ser un “país seguro”.
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