Por primera vez, Laura Sarabia es vinculada formalmente a una investigación penal. La Fiscalía 10 delegada ante la Corte Suprema abrió una indagación previa en su contra por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir agravado, en medio de un creciente escrutinio sobre su entorno económico y familiar.
Según reveló Noticias Caracol, el proceso estaría relacionado con un posible enriquecimiento injustificado vinculado a empresas de su familia. Parte del material probatorio fue recolectado directamente en la Casa de Nariño y entregado recientemente al ente acusador. La información, considerada clave, incluiría movimientos financieros y documentos oficiales sobre su paso por el Gobierno.
El diario El Colombiano detalló que se solicitaron documentos como el decreto de nombramiento, acta de posesión y certificaciones laborales, así como un desglose completo de sus ingresos, viáticos y compensaciones desde 2022. Estos fueron entregados el pasado 29 de abril por el Dapre, en el marco de las diligencias judiciales.
Un dato que ha generado suspicacias es que, al día siguiente de esta entrega, el 30 de abril, la canciller Sarabia acudió a la Fiscalía, no como indiciada, sino como testigo en otro proceso que involucra al ministro del Interior, Armando Benedetti, donde entregó presuntas pruebas clave. La coincidencia ha despertado todo tipo de interpretaciones políticas y jurídicas.
¿Se avecina una tormenta institucional en el Gobierno Petro? La respuesta podría estar más cerca de lo esperado.
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