Tras décadas de lucha estudiantil, el Congreso da luz verde a una reforma clave para asegurar recursos justos y sostenibles a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.
En un hecho sin precedentes para la educación superior en Colombia, el Senado aprobó en segundo debate la esperada reforma a la Ley 30 de 1992, que redefine la fórmula para calcular el presupuesto de las universidades públicas. Este avance, impulsado por movimientos estudiantiles y respaldado por distintas bancadas, busca frenar el creciente déficit estructural que enfrentan las instituciones educativas del país.
El proyecto, que ahora pasa a la Cámara de Representantes para continuar su trámite, introduce un nuevo Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), reemplazando al tradicional IPC, con el fin de reflejar con mayor precisión el alza real de los gastos universitarios. Según cifras del Sistema Universitario Estatal (SUE), mientras los costos crecen un 9% anual, el presupuesto solo se incrementa alrededor del 4%, generando un desfase del 5% cada año.
Además, se modifica el artículo 87, elevando del 30% al 70% del crecimiento real del PIB el incremento de los aportes adicionales de la Nación.
“Con esta reforma empezamos a cerrar la brecha histórica de la educación superior pública. Destinaremos progresivamente recursos hasta llegar al 1% del PIB”, celebró el ministro de Educación, Daniel Rojas.
Durante el debate, se incorporaron propuestas de distintos partidos políticos —MIRA, La U, Conservador, En Marcha, Centro Democrático y Alianza Verde— y se logró consenso sobre la necesidad de vincular indicadores como cobertura, investigación y bienestar universitario al uso de los recursos.
Sin embargo, no todo fue respaldo. La senadora Paloma Valencia advirtió sobre los riesgos fiscales:
“La situación del país no permite comprometer recursos sin establecer reglas que se ajusten a la realidad económica”.
La reforma, aunque técnica, representa una victoria simbólica para el movimiento estudiantil. Como lo expresó la representante Jennifer Pedraza:
“El IPC mide la economía de un hogar. El ICES mide los costos de una universidad. No se pueden usar los mismos termómetros para cosas tan distintas”.
El futuro de la educación superior pública en Colombia está más cerca de un cambio estructural. Ahora, el reto está en la Cámara de Representantes, donde la reforma deberá superar dos debates más para convertirse en ley.
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