El alto tribunal suspendió provisionalmente el decreto con el que el presidente Petro buscaba convocar a una consulta popular el 7 de agosto. La batalla se traslada ahora al Congreso y las redes arden.
En un nuevo capítulo del pulso político y jurídico que sacude al país, la Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió este miércoles el decreto con el que el presidente Gustavo Petro convocaba a una consulta popular para el 7 de agosto. La razón: el mandatario no contaba con el visto bueno previo del Senado, requisito constitucional para llevar a los ciudadanos a las urnas. Aunque la decisión no es de fondo, sí frena temporalmente la iniciativa del Ejecutivo.
La noticia estalló como pólvora en redes sociales, con reacciones inmediatas de sectores políticos. Mientras desde el Gobierno se insiste en que la discusión ahora es del Congreso, la oposición celebra lo que califica como una “victoria del Estado de derecho”. Petro, por su parte, desvió el foco del debate al proceso legislativo que actualmente define la suerte de su reforma laboral, la misma que originó el polémico decreto.
El presidente ha respondido en su cuenta de X asegurando que la suspensión no implica ilegalidad ni inconstitucionalidad, y lanzó dardos contra el registrador Hernán Penagos, a quien acusó de “golpe institucional”. Penagos había advertido, un día antes, que era prudente esperar a un fallo judicial antes de avanzar con la organización de la consulta.
Este nuevo bloqueo al “decretazo” ocurre justo cuando la reforma laboral revivida está a punto de ser conciliada entre Senado y Cámara. El futuro del decreto, en palabras del propio Petro, ya no está en los tribunales sino en manos del Congreso. Sin embargo, el impacto político de esta suspensión marca un precedente que pone en jaque la estrategia presidencial y reafirma la tensión institucional que vive el país.
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