Colombia amanece con 35 muertos, 77 casos confirmados y una pregunta que retumba como eco en medio del miedo colectivo. ¿La emergencia sanitaria por fiebre amarilla es una respuesta legítima a una crisis de salud o una jugada política más del Gobierno Nacional?
El presidente Gustavo Petro, en un tono alarmante, declaró la emergencia sanitaria y económica, ordenando vacunar a toda la población del país en dos meses. ¿Dos meses? Ni siquiera el sistema de salud más robusto del mundo lograría semejante hazaña sin una planificación de primer nivel, logística garantizada y recursos disponibles desde ya. En Colombia, donde el sistema se ahoga en deudas y falta de personal, la orden suena más a titular efectista que a plan estratégico.
Pero la controversia no para ahí. En medio del caos, el presidente arremete contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, señalándola públicamente de no enviar los recursos para ejecutar la vacunación. Sin embargo, ella respondió con contundencia, pues el Tolima fue el primero en declarar la alerta pública por fiebre amarilla en noviembre de 2024. Es decir, mientras en Bogotá se hacía política, en Ibagué y el departamento del Tolima ya se tomaban decisiones.
Lo que está ocurriendo entre Petro y Matiz no es solo un cruce de trinos, es el reflejo de un país dividido, donde las tragedias se politizan y la salud pública se convierte en escenario de confrontación. Porque mientras se discute quién tiene la razón en Twitter, hay poblaciones enteras en el Tolima, como en Mariquita, Chaparral o el Líbano, que aún no tienen claridad sobre si están en riesgo o no, y mucho menos si tendrán acceso rápido a la vacuna.
Peor aún, el presidente celebra ahora la vacunación de la fuerza pública como un logro del Gobierno Nacional, cuando fue precisamente el Gobierno Departamental del Tolima quien lo hizo primero. ¿Estrategia sanitaria o intento desesperado por capitalizar una medida ajena?
Este brote de fiebre amarilla no es solo el más fuerte en dos décadas. Es también una prueba de fuego para un Gobierno que quiere dar la impresión de control, pero que no ha mostrado resultados claros ni en cobertura, ni en prevención, ni en pedagogía. ¿Cuántos colombianos saben si deben vacunarse? ¿Dónde? ¿Con qué esquema? La comunicación ha sido confusa, reactiva y desarticulada.
Y si hablamos de causas, no olvidemos las que el propio Estado ha ayudado a incubar, la expansión urbana sin control, la deforestación galopante, el abandono de los territorios rurales. Todo eso ha hecho que el mosquito Aedes aegypti se sienta más cómodo en nuestras ciudades que en las selvas.
El país necesita liderazgo, no micrófonos. Necesita estrategia, no discursos emocionales. Y sobre todo, necesita responsabilidad compartida. Porque aquí no hay enemigos políticos, hay vidas en juego.
Hoy, más que nunca, exigimos que el manejo de esta crisis se aleje de la politiquería. Que las decisiones se basen en evidencia y no en likes. Y que tanto desde Bogotá como desde los territorios, se actúe con respeto por la gente, no por el ego.
La fiebre amarilla no es amarilla por el miedo. Es amarilla por la indignación de un país que se cansó de que la salud se use como bandera electoral.
Por: Julián Andrés Camargo Arango – 360 ONLINE
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