El Gobierno Nacional presentó recientemente el Presupuesto de Regalías para el bienio 2025-2026, generando una fuerte reacción entre los gobernadores del país, quienes calificaron el ajuste como un ‘raponazo’ a los recursos regionales. En el caso del Tolima, este recorte se traduce en la pérdida de $122 mil millones que estaban destinados a programas clave como la alimentación escolar, el transporte y el mantenimiento de vías secundarias y terciarias, beneficiando a comunidades rurales y productores locales.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, expresó su preocupación frente a la magnitud de este recorte, señalando que pone en riesgo varios proyectos financiados con el Sistema General de Regalías. Estos proyectos han sido fundamentales para el desarrollo de infraestructura vial, la mejora de condiciones para pequeños productores y la ejecución de planes sociales. Además, Matiz criticó los obstáculos burocráticos que impone el gobierno central para aprobar los planes de desarrollo ya establecidos en las regiones, enfatizando la urgencia de modificar las reglas del juego para asegurar que los fondos de regalías lleguen sin tantos impedimentos.
A nivel nacional, este ajuste ha encendido alarmas sobre las consecuencias en las inversiones regionales, ya que varios departamentos, entre ellos el Meta, también enfrentarán recortes significativos. A pesar de las propuestas que buscan mitigar el impacto, las preocupaciones sobre el desfinanciamiento de proyectos críticos como los de infraestructura y educación siguen siendo una realidad palpable.
El recorte de $122 mil millones no solo impacta las finanzas del Tolima, sino que también afecta la credibilidad del gobierno central en cuanto a la distribución equitativa de los recursos generados por las regalías, especialmente en áreas donde la explotación de recursos naturales juega un papel crucial en la economía local. El reto ahora es lograr que las modificaciones al presupuesto permitan un flujo más ágil de recursos y protejan los planes de desarrollo regional, evitando que proyectos vitales queden “engavetados” por procesos administrativos en los ministerios.
Esta situación abre un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia y eficiencia en la administración de regalías, un tema que, a pesar de los esfuerzos, sigue plagado de desafíos como la corrupción y la falta de claridad en la ejecución de los fondos asignados a las regiones.
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