El Gobierno de Colombia ha propuesto un proyecto de ley para crear un modelo de financiamiento sostenible para las universidades públicas y otras instituciones educativas estatales, con audiencias públicas a partir del 17 de febrero para recoger opiniones de estudiantes, docentes y la sociedad.
El Congreso de la República debatirá en el primer periodo legislativo de 2025 un ambicioso proyecto de ley que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para establecer un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior pública en Colombia. La propuesta, denominada Acuerdo Nacional por la Educación Superior, tiene como objetivo garantizar recursos sostenibles para las universidades públicas y otras instituciones educativas estatales.
El proyecto será sometido a audiencias públicas a partir del 17 de febrero en Bogotá, en las cuales estudiantes, docentes, rectores y ciudadanos en general podrán expresar sus opiniones. Estas audiencias buscan generar un consenso amplio sobre el modelo antes de que el Congreso lo debata y vote.
Uno de los principales puntos del proyecto es ajustar la asignación presupuestal para las instituciones públicas, basándola en el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), dependiendo de cuál sea más alto. Esto tiene como propósito evitar que el presupuesto destinado a la educación se vea afectado por la inflación y otros costos del sector.
Además, el proyecto plantea un aumento progresivo de la inversión en educación superior, con la meta de alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos 15 años. Este esfuerzo permitiría mejorar la infraestructura educativa, la calidad de la formación y el acceso a la educación universitaria en diversas regiones del país, acercándose a los estándares internacionales.
Otro de los objetivos clave de la reforma es ampliar la oferta académica en municipios donde actualmente no existen instituciones de educación superior. Se estima que más de 800 municipios podrían beneficiarse con la creación de nuevos programas educativos, facilitando el acceso a la educación en regiones apartadas del país.
El proyecto también contempla el fortalecimiento de la planta docente y la implementación de medidas de bienestar universitario, incluidas políticas contra la violencia de género y estrategias para mejorar la permanencia de los estudiantes en sus programas académicos.
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