Ecuador lidera en Latinoamérica con el primer aumento del salario mínimo para 2025

Ecuador ha marcado un precedente en la región al ser el primer país latinoamericano en anunciar un incremento en el salario básico unificado (SBU) para el año 2025. A partir del 1 de enero, el SBU se establecerá en 470 dólares mensuales, lo que representa un aumento del 2,17% respecto al salario vigente de 460 dólares en 2024.

Negociaciones sin consenso

Este ajuste salarial se oficializó el 17 de diciembre de 2024, mediante un Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Trabajo, luego de que las negociaciones entre empleadores y sindicatos no alcanzaran un acuerdo. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central sindical del país, proponía un incremento de 102 dólares, elevando el salario a 562 dólares, mientras que los empleadores sugerían un aumento entre 4 y 6,95 dólares.

Comparativa regional de salarios mínimos

Con este incremento, Ecuador se posiciona entre los países con salarios mínimos más altos de Latinoamérica. A continuación, se presenta una comparación de los salarios mínimos en la región:

Costa Rica
Encabeza la lista con un salario mínimo de aproximadamente 675 dólares mensuales. Uruguay
Se ubica en segundo lugar con un salario mínimo de alrededor de 556 dólares mensuales. Chile
Ofrece un salario mínimo de aproximadamente 532 dólares mensuales. Ecuador
Con el reciente aumento, el salario mínimo se sitúa en 470 dólares mensuales. Colombia
Cuenta con uno de los salarios mínimos más bajos de la región, alrededor de 323 dólares mensuales. Desafíos y perspectivas

Expertos señalan que, para que este incremento salarial sea sostenible, debe estar alineado con un aumento en la productividad laboral. De lo contrario, podría generar efectos adversos en la economía, como desempleo e inflación. Francisco Borja Avilés, docente de la Universidad San Francisco de Quito, enfatiza que “implementar el salario básico es insostenible si no existe un incremento de productividad”.

Este ajuste salarial refleja el compromiso del Gobierno ecuatoriano por mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, aunque persisten desafíos en términos de productividad y consenso entre las partes involucradas.

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