La recta final hacia las elecciones en Colombia está marcada por una alerta contundente. La Defensoría del Pueblo advirtió que la respuesta del Gobierno Nacional frente a los riesgos electorales es insuficiente y que, más allá de que los comicios se realicen, lo que está en juego es la libertad real con la que puedan votar y participar las comunidades.
Grupos armados vetan candidatos y regulan campañas
Al hacer seguimiento a una Alerta Temprana emitida en octubre, el organismo concluyó que el escenario de riesgo no solo persiste, sino que se ha consolidado en varias regiones del país. Según el balance, estructuras criminales están suplantando funciones del Estado, regulando campañas políticas y vetando candidaturas.
Entre los grupos señalados están el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las antiguas Farc como el Estado Mayor de Bloques y Frente, el Nuevo Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
También se mencionan estructuras como Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el autodenominado Frente 57 y otros grupos de criminalidad organizada.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue enfática: el riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia “meramente formal” en territorios donde las comunidades guardan silencio obligado ante la gobernanza armada.
Cumplimiento parcial y rezagos críticos
De las 11 recomendaciones emitidas en octubre, el índice de cumplimiento estatal apenas alcanza el 42 %, mientras que el 58 % corresponde a desatención.
Los indicadores muestran avances desiguales:
- Prevención y protección: 52 %
- Investigación y acceso a la justicia: 55 %
- Acciones de la fuerza pública: 65 %
- Articulación interinstitucional: 29 %
- Gestiones preventivas del Ministerio Público: 65 %
La recomendación más rezagada, con 0 % de cumplimiento, es la relacionada con el fortalecimiento y respaldo a las organizaciones políticas.
Más municipios en riesgo y 457 amenazas de muerte
Lejos de disminuir, los municipios en riesgo aumentaron. De 62 poblaciones priorizadas inicialmente se pasó a 69; los municipios con acción urgente subieron de 162 a 168; y los que demandan acción prioritaria crecieron de 425 a 433.
En total, se han registrado 457 amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral. Los departamentos más afectados son Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
En regiones como Córdoba y Antioquia, la Defensoría advierte que el Clan del Golfo ejerce un control de baja visibilidad pero alta capacidad de regulación social y electoral. En Cauca, incluso se han reportado vallas donde grupos armados prohíben el ingreso de determinados candidatos presidenciales a sus territorios.
Curules de paz, mujeres y víctimas, bajo presión
La alerta también alcanza a quienes compiten por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), conocidas como curules de paz. Según la Defensoría, algunos aspirantes han tenido que pedir “permisos” para movilizarse, han sufrido vetos y restricciones a sus actividades proselitistas.
A esto se suma la falta de entrega oportuna de anticipos financieros por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, según el organismo, amenaza con anular la representación real de las víctimas.
Además, se denuncian hechos de violencia de género que han reducido el liderazgo y la autonomía política de las mujeres, especialmente en la subregión del Catatumbo.
Nuevas exigencias al Gobierno
Ante lo que calificó como un panorama crítico, la Defensoría formuló nueve nuevas recomendaciones y reforzó las anteriores. Exigió al Ministerio del Interior asumir liderazgo efectivo en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas y pidió al Ministerio de Defensa implementar una estrategia integral de seguridad que garantice el traslado del material electoral y la custodia de puestos de votación en zonas rurales.
También instó a la Fiscalía a fortalecer la judicialización por posibles casos de constreñimiento electoral y a la Procuraduría a activar acciones disciplinarias contra funcionarios que omitan deberes de prevención y protección.
El mensaje final es claro: las elecciones podrían realizarse, pero la verdadera preocupación es si millones de colombianos podrán ejercer su derecho al voto sin presiones, amenazas o vetos impuestos por actores armados.
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