La discusión en torno al incremento del salario mínimo en Colombia para 2025 ha cobrado relevancia en diversos sectores económicos y sociales. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), ha enfatizado la necesidad de que el ajuste salarial refleje fielmente la realidad económica del país. En declaraciones recientes, Lacouture subrayó: “Esperamos que haya consistencia y coherencia con la realidad del país y, en ese sentido, que esté acorde con la inflación y los niveles de productividad, lo que sugiere que debería ser por debajo de dos dígitos”
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha señalado que la discusión del salario mínimo está normada y que este no puede crecer por debajo de la inflación causada. Bonilla indicó que se toma como punto de referencia la inflación proyectada en noviembre, estimada en 5,2%, más un punto de productividad, lo que podría situar el incremento en torno al 6,2%.
Por su parte, Jairo Burgos de la Espriella, abogado y director de Talento y Talante, y exrepresentante de los empleadores colombianos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha expresado que será complicado llegar a un acuerdo entre sindicatos, gobierno y empleadores debido a las altas expectativas de las centrales obreras y las restricciones fiscales y económicas del gobierno. Burgos enfatizó la importancia de garantizar el poder adquisitivo de los salarios y proporcionar a los trabajadores herramientas para gestionar mejor sus finanzas personales.
Las centrales obreras han manifestado su intención de proponer un incremento cercano al 10% en la mesa de concertación que integrarán el Gobierno, empresarios y trabajadores. Sin embargo, expertos como Sergio Olarte, analista económico, consideran que la remuneración debería ubicarse entre el 6% y el 7% para el próximo año, argumentando que la inflación viene bajando considerablemente en Colombia.
La negociación del salario mínimo para 2025 se perfila como un desafío que requerirá equilibrio entre las demandas de los trabajadores y la capacidad financiera de las empresas, en un contexto económico que busca estabilidad y crecimiento sostenible.
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