El exsuperintendente Luis Carlos Leal sigue en la mira de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la toma de control de Sanitas, mientras la Corte Constitucional deja sin efectos la intervención del gobierno.
La Procuraduría General de la Nación ha decidido extender por tres meses la investigación que tiene como objetivo al exsuperintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, en relación con la intervención administrativa a la EPS Sanitas durante su mandato. La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la toma inmediata de bienes y negocios de la EPS, que afecta a más de 5,7 millones de usuarios.
La decisión llega después de que la Corte Constitucional declarara sin efectos las resoluciones mediante las cuales el Gobierno de Gustavo Petro había ordenado, corregido y prorrogado la intervención de Sanitas. El fallo judicial también cuestionó la legalidad de la actuación de la Superintendencia Nacional de Salud, encabezada en ese momento por Leal, al considerar que se vulneró el derecho al debido proceso de la EPS.
El Ministerio Público amplió el plazo de la investigación para recopilar pruebas, testimonios y esclarecer si las acciones de Leal constituyen una falta disciplinaria. Según la Procuraduría, la investigación comenzó en abril de 2024 tras una queja que alegaba que la resolución que ordenó la intervención de Sanitas estaba basada en una “falsa motivación”. La ampliación de la investigación también incluye a otros funcionarios de la Superintendencia y asesores cercanos a Leal, incluyendo a la superintendente delegada Beatriz Noguera, esposa del ministro de Salud.
Esta investigación se produce en un contexto de creciente controversia sobre las intervenciones del Gobierno en el sector salud, en particular la toma de control de Sanitas y de la Nueva EPS, las cuales dejaron el futuro de millones de colombianos en manos del Estado. El gobierno justificó estas medidas debido a las millonarias deudas de las EPS con los prestadores de servicios, lo que, según el Ejecutivo, amenazaba con un colapso financiero del sistema.
Este caso sigue siendo un punto clave en el debate sobre la administración de los recursos de salud en Colombia, y el fallo de la Corte Constitucional podría tener consecuencias significativas en la regulación futura de las EPS en el país.
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