En una decisión histórica, la Corte Constitucional obligó a la Iglesia Católica a liberar información reservada sobre cientos de casos de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes en Colombia.
📂 Fin al secreto pontificio en Colombia
Tras más de una década de batalla legal, la Sala Plena de la Corte Constitucional falló a favor de la transparencia y los derechos de las víctimas: la Iglesia Católica deberá entregar todos los archivos que documentan casos de abuso sexual contra menores cometidos por sacerdotes, presbíteros o colaboradores de la institución religiosa.
Esta decisión surge como respuesta a más de 100 acciones de tutela presentadas por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes durante años encontraron barreras institucionales y legales impuestas por el clero bajo el argumento del secreto pontificio.
📉 517 casos conocidos, ninguno judicializado
A pesar del silencio institucional, investigaciones periodísticas previas lograron identificar 517 casos documentados de pederastia clerical en Colombia, sin que ninguno de ellos haya sido remitido por la Iglesia a las autoridades judiciales.
Ahora, cualquier ciudadano podrá acceder a esta información mediante el derecho de petición, según estableció la Corte.
📜 Argumento de la Corte:
“El funcionamiento y el manejo de la información de los integrantes adscritos a las instituciones religiosas no constituyen una razón constitucionalmente admisible para restringir y limitar los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información periodística”, sentenció el alto tribunal.
⏳ ¿Qué sigue?
La Corte aún debe emitir la notificación oficial con los plazos exactos para el cumplimiento de la entrega por parte de la Iglesia. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación sí deberá entregar, en un plazo máximo de 48 horas, los datos solicitados por la BBC sobre denuncias por delitos sexuales contra altos jerarcas del clero, los cuales tampoco habían sido revelados.
La Iglesia Católica en Colombia, al igual que en otros países, ha sido señalada por encubrir abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Esta sentencia marca un precedente legal que refuerza la lucha contra la impunidad clerical y prioriza los derechos de las víctimas y el acceso a la verdad.
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