Un nuevo escándalo de corrupción ha sacudido a la Cancillería colombiana. Lo que debería ser un proceso simple y accesible para todos, la expedición del pasaporte, se ha convertido en un oscuro negocio donde la venta de citas ilegales y la presunta complicidad de funcionarios han tomado protagonismo. Este entramado, conocido como el “Cartel del Pasaporte”, ha sido expuesto por la Procuraduría General, que ya tiene en su poder pruebas contundentes de lo que parece ser un sistema organizado de corrupción dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde hace meses, obtener una cita para tramitar un pasaporte se ha convertido en un calvario para miles de ciudadanos. Las denuncias sobre cobros ilegales que oscilan entre 70.000 y 120.000 pesos para conseguir una cita han sido constantes, y ahora, gracias a una serie de videos y testimonios, se ha revelado cómo los tramitadores operan con total impunidad a escasos metros de las oficinas de la Cancillería en Bogotá. Pero lo más alarmante es que estos tramitadores no actúan solos; en sus propias palabras, cuentan con el apoyo de personas dentro del sistema.
En uno de los videos más reveladores, un hombre que se dedica a vender citas admite sin reparos que están controlando todo el proceso desde dentro. “Son mafias que se apoderan de todo el Estado y manejan todo esto”, dice, dejando en evidencia la gravedad de la situación. Los usuarios, desesperados por conseguir un turno, se ven obligados a pagar sumas exorbitantes, en un proceso que debería ser gratuito y accesible para todos.
La Procuraduría ha intensificado su vigilancia y ya ha solicitado al canciller Luis Gilberto Murillo que tome medidas urgentes para frenar esta situación. Sin embargo, a pesar de los anuncios de mejoras en la página web del Ministerio, como la implementación de doble autenticación y la validación de datos con la Registraduría, los tramitadores siguen operando con total libertad.
El caso ha tomado una dimensión aún más preocupante en las redes sociales, donde perfiles sospechosos ofrecen el agendamiento de citas a cambio de 100.000 pesos, dejando al descubierto la ineficacia del sistema oficial. Este esquema no podría funcionar sin la connivencia de funcionarios, quienes, según las investigaciones, podrían estar recibiendo una parte del dinero recaudado de manera ilegal.
La situación es crítica y exige respuestas inmediatas. La ciudadanía se enfrenta a un sistema que, en lugar de facilitar un derecho, se ha convertido en un campo minado de corrupción y abuso de poder. La confianza en las instituciones está en juego, y la Procuraduría ha prometido llegar hasta las últimas consecuencias para desmantelar esta red que, lamentablemente, sigue operando en pleno 2024.
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