El Decreto 1275 de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro, ha desatado una ola de debates en torno a la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión ambiental de sus territorios. Este decreto otorga a las autoridades indígenas la misma competencia que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para la protección de los ecosistemas. Este reconocimiento busca integrar los saberes ancestrales en la conservación de la biodiversidad, una tarea en la que los pueblos indígenas han jugado un papel crucial históricamente.
¿Qué implica este decreto?
El decreto permite que las comunidades indígenas desarrollen planes de ordenamiento ambiental, gestionen los recursos naturales y sancionen actividades que consideren dañinas para el medio ambiente en sus territorios. Además, se establece la obligación de coordinar estos esfuerzos con otras entidades como el Ministerio de Ambiente y las CAR, dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA) .
Reacciones mixtas: Autonomía y preocupaciones
Mientras que las comunidades indígenas celebran este avance como una deuda histórica saldada, directivos de las CAR y algunos sectores industriales han expresado su preocupación. Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, argumenta que el decreto vulnera la autonomía de las CAR, creando un vacío legal que afecta la igualdad con otras comunidades, como las afrocolombianas y campesinas. Por otro lado, se teme que la falta de claridad en las competencias compartidas entre las CAR y las autoridades indígenas pueda generar conflictos sobre la gestión de grandes proyectos de infraestructura.
Este nuevo marco jurídico será uno de los temas claves en la próxima Cumbre de Biodiversidad COP16, donde Colombia presentará el decreto como un hito hacia la protección sostenible de sus ecosistemas.
Con este decreto, el Gobierno Nacional apuesta por un modelo de gestión ambiental basado en la armonización de los conocimientos ancestrales y los principios técnicos, aunque no sin enfrentar resistencia desde distintos sectores.
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