El sector energético de Colombia enfrenta una de sus crisis más graves, poniendo en riesgo el suministro eléctrico del país. Una deuda millonaria del gobierno con las empresas comercializadoras de energía y gas, que asciende a más de $7 billones, amenaza con provocar un apagón a nivel nacional.
Esta deuda se divide principalmente en dos componentes: $2,5 billones relacionados con subsidios a los estratos 1, 2 y 3, y $4,5 billones por la denominada “Opción Tarifaria”. Este último fue un programa implementado durante la pandemia para diferir los pagos de los usuarios, pero que dejó a las empresas sin los ingresos necesarios para operar de manera sostenible.
Además de la deuda, existen otros factores que agravan la situación. El retraso en la implementación de subastas de cargo por confiabilidad, cruciales para garantizar inversiones de $9 billones en infraestructura energética, y la falta de normatividad en el sector del gas y las energías renovables, están frenando la expansión de proyectos estratégicos para el país.
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Las empresas también señalan la urgencia de aprobar el decreto que permita la comercialización de gas natural importado, algo que sería clave para abastecer tanto a los sectores residenciales como vehiculares, y así reducir la presión sobre la oferta de gas natural.
Aunque el Gobierno, a través del ministro de Minas y Energía, ha asegurado que las reservas energéticas del país son suficientes para cubrir la demanda a corto plazo, la situación financiera de las comercializadoras sigue siendo crítica. De no resolverse, este déficit podría derivar en restricciones de energía en varias regiones del país.
La crisis, que impacta a más de 30 empresas del sector, no solo pone en peligro la estabilidad energética, sino que podría tener repercusiones directas en la inflación y en el bienestar de millones de colombianos. Las empresas exigen acciones inmediatas y claridad por parte del gobierno para evitar que este escenario catastrófico se materialice.
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