La Corte Penal Internacional (CPI) denunció este miércoles que las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a cuatro de sus magistrados y fiscales representan un ataque directo a su independencia judicial, mientras crecen las críticas internacionales contra Washington.
Desde su sede en La Haya, el alto tribunal advirtió que estas medidas no solo atentan contra su autonomía, sino que ponen en riesgo su mandato de justicia global. “Apoyamos con firmeza a nuestro personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables”, afirmó en un comunicado, prometiendo continuar con su labor “sin importar restricciones, presiones o amenazas”.
Las sanciones, anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio, afectan a cuatro altos funcionarios judiciales: el juez francés Nicolas Guillou, vinculado a una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu; la jueza canadiense Kimberly Prost, quien autorizó una investigación sobre crímenes de guerra en Afganistán; y los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (Senegal). Entre las restricciones impuestas: prohibición de ingreso a EE.UU. y bloqueo de activos en territorio estadounidense.
Este nuevo paquete de sanciones se suma al ya impuesto en febrero de este año contra otros magistrados de la Corte. La medida provocó reacciones inmediatas en la comunidad internacional: la ONU advirtió que se trata de “un grave impedimento” para el funcionamiento del tribunal, mientras que Francia expresó su consternación, calificándolas de “ofensivas” y “contrarias al principio de independencia de la justicia”.
En medio de una creciente tensión diplomática, la CPI reafirma su papel como pilar de la justicia penal internacional, enfrentando presiones políticas mientras mantiene su compromiso con la lucha contra la impunidad.
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