La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, denunció que el 80 % del territorio está minado tras el paro armado anunciado por el ELN, que comenzará el 18 de febrero y se extenderá hasta el 21 de febrero. La situación se agrava debido a los enfrentamientos con el Clan del Golfo, que han aumentado el desplazamiento de miles de personas.
El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN decretó un paro armado en Chocó como parte de su estrategia de visibilizar lo que consideran un vínculo entre el Estado, las Fuerzas Militares y grupos paramilitares en la región. Este paro ocurre en un contexto de creciente violencia, donde más de 500 personas fueron desplazadas la semana pasada en Istmina debido a los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.
La gobernadora Córdoba alertó sobre la grave crisis humanitaria que vive el departamento, donde las minas antipersonales y el reclutamiento forzado de menores agravan aún más la situación. En un informe ante la OEA, destacó que las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan confinamientos y violaciones a sus derechos fundamentales desde hace más de un año.
La ONU también ha manifestado su preocupación por la violencia en la región, pidiendo al gobierno activar medidas de protección. Mientras tanto, la disputa por el control territorial en Chocó sigue siendo alimentada por el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de madera.
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