Un fallo del Consejo de Estado abre la puerta para que los medios privados reclamen por interrupciones televisivas que afecten su economía.
La polémica por las frecuentes alocuciones del presidente Gustavo Petro en cadena nacional podría escalar a un nuevo nivel: el judicial. Un fallo del Consejo de Estado, emitido en 2014, establece que si se demuestra que las intervenciones presidenciales afectan económicamente a los canales concesionarios del espectro radioeléctrico, estos podrían exigir una indemnización por parte del Estado.
La sentencia, que resolvió un caso entre el Canal Caracol y la extinta Comisión Nacional de Televisión, aclara que las alocuciones presidenciales deben cumplir condiciones legales específicas y que su uso arbitrario representa una violación al principio de límites al poder que rige en un Estado democrático.
“El presidente no tiene una facultad ilimitada para hablar en televisión nacional. Si interrumpe programación comercial sin ajustarse a la ley, su intervención puede ser considerada ilegal”, señala el fallo, que también subraya el impacto de estas decisiones sobre la libertad económica de los medios.
En consecuencia, si las cadenas logran demostrar que las intervenciones del presidente Petro han significado pérdidas económicas o alteraciones graves en su operación normal, podrían iniciar procesos de reclamación ante la justicia administrativa para ser resarcidas.
Este precedente jurídico cobra fuerza en un momento en el que el mandatario ha recurrido con frecuencia a cadenas nacionales para defender su gestión, responder a sus críticos o hacer anuncios de interés político, lo que ha generado críticas tanto en el sector mediático como en la oposición. ¿Llegarán los canales a demandar? El escenario está servido.
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