En un movimiento sin precedentes, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) están a punto de concretar la venta de 200 hectáreas de la emblemática hacienda El Ubérrimo, situada entre Montería y San Carlos, en Córdoba. Este acuerdo permitirá que las tierras sean destinadas a proyectos productivos para 30 familias campesinas, en el marco de la reforma rural impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La negociación ha sido liderada directamente por Uribe y el director de la ANT, Felipe Harman. El proceso inició con una oferta presentada por la familia Uribe Vélez, a través de la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., representada legalmente por Tomás Uribe, hijo del exmandatario. Tras un avalúo rural comercial realizado por la firma DCI Colombia S.A.S., se estableció un valor de 3.031 millones de pesos colombianos para la transacción.
El pago se efectuará en dos partes: el 50% al momento de la firma de la escritura pública y el registro del trámite, y el restante cuando se expida una copia auténtica de la escritura. Uribe ha destacado que las tierras ofrecidas cuentan con alta productividad sostenible, aptas tanto para la ganadería empresarial como para la campesina. Sin embargo, ha expresado su preocupación por los valores fijados en los avalúos de la región, solicitando una reconsideración para garantizar la viabilidad de las actividades pecuarias. 
Este acuerdo se enmarca en el programa de compra de tierras pactado entre el presidente Petro y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) al inicio del actual gobierno, que busca adquirir tierras para redistribuirlas entre comunidades rurales, en cumplimiento del Punto Primero del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. No obstante, hasta noviembre del año pasado, solo se habían adquirido 800 hectáreas, muy por debajo de la meta inicial de 3 millones de hectáreas.
El Ubérrimo ha sido durante años símbolo del poder político y económico de Uribe. Durante sus dos periodos presidenciales (2002-2010), la hacienda fue escenario de reuniones clave sobre seguridad y encuentros con figuras internacionales. También ha sido objeto de controversias y críticas, especialmente por parte del senador Iván Cepeda y del presidente Petro.
Este acuerdo representa un gesto de cooperación entre dos figuras que han estado en lados opuestos del espectro político, en un momento en que Colombia enfrenta desafíos significativos en términos de reconciliación y desarrollo rural. Aunque limitado en extensión territorial, podría sentar un precedente para futuras negociaciones con otros grandes propietarios de tierras, fundamentales para construir una paz duradera y promover el desarrollo rural en el país.
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