En el marco del creciente escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el reciente allanamiento a la vivienda de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha marcado un nuevo giro en las investigaciones. El operativo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia, se centró en la incautación de posibles pruebas relacionadas con el presunto direccionamiento irregular de contratos por 92.000 millones de pesos.
El magistrado Misael Fernando Rodríguez lideró esta diligencia, que buscaba obtener evidencias que pudieran vincular a Benavides con la entrega de contratos a congresistas para asegurar su apoyo en la aprobación de créditos necesarios para el gobierno. Este dinero, que fue canalizado a través de la UNGRD, está siendo investigado por su uso indebido en proyectos en municipios clave, como Carmen de Bolívar y Cotorra.
Durante el allanamiento, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos y documentos que podrían revelar detalles de los acuerdos corruptos. A pesar de los intentos de la defensa de Benavides de mantenerse en silencio, las pruebas incautadas podrían ser decisivas en el proceso que busca desenmascarar el alcance del entramado de corrupción. Además, se han reportado amenazas contra Benavides y su familia, lo que ha generado preocupación por su seguridad y su posible colaboración como testigo en el caso.
Este episodio se enmarca en una serie de denuncias que han sacudido al Ministerio de Hacienda y a la UNGRD, con funcionarios de alto nivel bajo la lupa, incluidos Bonilla y otros actores clave dentro del gobierno actual.
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