Una nueva reforma del Gobierno busca transformar las reglas del juego en los servicios públicos: más participación ciudadana, cambios en subsidios y posible impacto en las tarifas. ¿Alivio o riesgo?
El Gobierno de Gustavo Petro prepara un ambicioso proyecto de ley que podría cambiar la forma en que se regulan y cobran los servicios públicos en Colombia. La propuesta, que se presentaría el 20 de julio ante el Congreso, contempla una reestructuración de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ajustes en los subsidios y mecanismos para garantizar un consumo básico de energía a menor costo.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que se busca incluir en la Creg a actores tradicionalmente excluidos, como representantes de usuarios, trabajadores del sector y un académico experto en ingeniería eléctrica. “Queremos que las decisiones sobre tarifas y regulación reflejen las voces de quienes viven el servicio todos los días, no solo la de los técnicos”, aseguró Palma.
Además, el proyecto plantea revisar el modelo de subsidios y promover el acceso garantizado a un consumo mínimo de energía. El ministro subrayó que el objetivo del Gobierno es reducir tarifas, una de las banderas más visibles de su administración. Sin embargo, aclaró que esto no se logra solo generando más energía, sino también solucionando problemas en la infraestructura de transmisión.
Desde el sector empresarial han surgido fuertes críticas. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, advirtió sobre los riesgos de intervenir las tarifas por vía legal, lo que podría espantar la inversión extranjera en el sector. También expresó preocupación por la falta de diálogo entre el Gobierno y los gremios, y la ausencia del superintendente de Servicios Públicos en las discusiones. “Sin concertación, esto no tiene futuro”, afirmó.
La iniciativa aún está en estudio por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y deberá sortear un complejo proceso legislativo, comenzando en la Comisión Quinta del Senado. Lo que está claro es que el debate promete sacudir el modelo que ha regido los servicios públicos desde 1994.
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