Condenados pero libres: los 12 militares del Batallón La Popa implicados en 135 ‘falsos positivos’ según la JEP

La JEP sentencia a 12 militares del Batallón La Popa por ‘falsos positivos’ en Valledupar, pero ninguno irá a prisión

En una decisión sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia declaró responsables a 12 exmilitares del Batallón La Popa por su participación directa en al menos 135 ejecuciones extrajudiciales —los llamados “falsos positivos”— perpetradas entre 2002 y 2005 en Valledupar y municipios vecinos.

Los sentenciados, que iban desde soldados profesionales hasta altos mandos como mayores y tenientes, aceptaron su responsabilidad en crímenes como asesinato, desaparición forzada, tortura y persecución, muchos de ellos cometidos contra comunidades indígenas y campesinas.

Aunque la sentencia, emitida en julio de 2024, es la máxima permitida por la JEP —ocho años de restricción de libertad y sanciones restaurativas—, ninguno de los implicados pasará un solo día en prisión. En cambio, deberán cumplir con residencia obligatoria en Valledupar, llevar monitoreo electrónico y participar en proyectos de memoria, reparación y reconstrucción comunitaria.

Entre los nombres más destacados están:

• Guillermo Gutiérrez Riveros, mayor, procesado por múltiples delitos en la justicia ordinaria.
• Heber Hernán Gómez Naranjo, exjefe de operaciones, con siete investigaciones previas.
• Carlos Andrés Lora Cabrales, teniente, condenado previamente a 40 y 30 años de prisión.
• Eduart Gustavo Álvarez Mejía, subteniente, con tres acusaciones anteriores.
• Elkin Leonardo Burgos Suárez, subteniente, responsable del asesinato de un indígena kankuamo.

En total, nueve de los 12 ya habían sido condenados por la justicia ordinaria. Sin embargo, tres —Gutiérrez, Álvarez y Padilla— no habían pasado un solo día en la cárcel, lo que ha generado fuertes cuestionamientos desde organizaciones de víctimas.

Además, la sentencia no incluye a los altos mandos militares señalados como facilitadores o encubridores, como los coroneles Publio Mejía, Juan Carlos Figueroa y el teniente coronel José Pastor Ruíz Mahecha, quienes enfrentarán juicios adversariales ante la JEP.

Durante el periodo investigado, al menos 60 indígenas fueron ejecutados y presentados como bajas en combate, en una estructura criminal jerárquica y sistemática reconocida por la jurisdicción.

Esta decisión reabre el debate sobre la justicia transicional, la impunidad y la verdadera reparación para las víctimas de uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano.