El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que el Gobierno estudia permitir el uso de armas contra extremidades, inspirándose en una estrategia aplicada en Perú. La medida busca contener las crecientes retenciones y ataques a la Fuerza Pública en zonas controladas por grupos armados.
Colombia podría adoptar una de las decisiones más controversiales en su política de seguridad: autorizar a los militares a usar sus armas contra las extremidades de quienes intenten retenerlos durante operaciones en zonas de alto riesgo. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien afirmó que se están evaluando estrategias implementadas en otros países, como Perú, para enfrentar la creciente ola de secuestros y agresiones contra la Fuerza Pública.
“En Perú está autorizado el uso de armas contra extremidades inferiores, como parte de una ley de emergencia. Eso mismo se está estudiando aquí”, señaló Sánchez, en declaraciones recogidas por la revista Semana. La propuesta surge tras varios incidentes en regiones como Guaviare, Cauca y Putumayo, donde comunidades —presuntamente bajo presión de grupos armados— han retenido a militares y atacado a uniformados en servicio.
Uno de los casos más graves ocurrió recientemente en Guaviare, donde más de 30 militares fueron secuestrados durante cinco días. En Cauca, seis soldados murieron en una emboscada, y en El Tambo, 45 uniformados fueron retenidos por más de 600 personas. En Putumayo, tres militares resultaron quemados tras un ataque con gasolina.
La situación ha encendido las alarmas en el Gobierno, que también revisa su estrategia frente a los cultivos ilícitos. La meta de erradicación manual para este año es de 30.000 hectáreas, aunque el debate sobre el regreso de la fumigación aérea —ahora con drones— ha vuelto a escena.
Según Sánchez, todas estas decisiones buscan fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública y disuadir a quienes, bajo presión de estructuras criminales, intentan vulnerar su integridad y su autoridad. Mientras tanto, el país espera una decisión que podría marcar un antes y un después en el manejo de la seguridad rural en Colombia.
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