La Cancillería colombiana reaccionó con firmeza ante la sorpresiva decisión del gobierno de Ecuador de deportar ciudadanos colombianos sin previo aviso ni coordinación binacional. La medida, tomada de manera unilateral por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, ya está en marcha y ha generado un fuerte reclamo diplomático desde Bogotá.
Un equipo interinstitucional colombiano, encabezado por la canciller encargada Rosa Villavicencio, viajó este viernes al Puente de Rumichaca, en la frontera entre ambos países, para recibir a los connacionales afectados.
“Ecuador desatendió nuestras reiteradas solicitudes para crear un protocolo que garantizara un retorno digno, seguro y ordenado”, advirtió la Cancillería en un comunicado oficial.
Colombia emitió una nota de protesta diplomática, denunciando que la falta de protocolo obstaculiza la identificación plena de los deportados y vulnera principios básicos del Derecho Internacional, al tratarse de deportaciones masivas.
“Las autoridades ecuatorianas han decidido iniciar el proceso sin protocolo, impidiendo verificar la situación jurídica de estas personas”, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además de calificar el acto como un “gesto inamistoso”, la Cancillería advirtió que se están evaluando acciones para proteger los derechos de los colombianos en Ecuador y evitar nuevas medidas arbitrarias.
La decisión de Ecuador busca descongestionar sus cárceles, afectadas por el hacinamiento y la violencia. Sin embargo, la forma en que se ha implementado la medida ha tensado la relación bilateral.
Esta situación pone sobre la mesa no solo la relación entre Bogotá y Quito, sino el delicado equilibrio entre soberanía y respeto a los derechos humanos en contextos migratorios y carcelarios.
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