Bogotá, julio 23 de 2025 – La Contraloría General de la República encendió las alarmas este miércoles al advertir sobre un “inminente riesgo de incumplimiento” en la prestación del servicio de expedición de pasaportes en Colombia, lo que podría afectar el derecho fundamental a la libre locomoción a partir de septiembre si no se toman medidas urgentes.
Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional firmaron dos convenios el pasado 18 de julio para avanzar en la implementación del nuevo modelo de pasaportes, la Contraloría señaló que dichos acuerdos no contemplan al Gobierno de Portugal, actor clave en el plan del Ejecutivo de adquirir el dominio técnico y logístico del proceso. El convenio con este país europeo aún está en veremos.
El organismo de control también advirtió que los convenios actuales no solucionan los riesgos existentes, y aunque se fijó el 31 de marzo de 2026 como fecha límite para el nuevo modelo, no hay claridad sobre quiénes serán los aliados estratégicos encargados de su ejecución.
Además, el actual contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que hoy gestiona la expedición y personalización de libretas de pasaporte, vence el 31 de agosto de 2025. Hasta la fecha, no se han firmado nuevos contratos ni por parte de la Imprenta Nacional ni de la Cancillería para garantizar la continuidad del servicio.
“Es inminente la concreción del riesgo de afectación de la libertad de locomoción”, aseguró Luis Enrique Abadía García, contralor delegado para la Gestión Pública. La Procuraduría también emitió alertas recientes por posibles irregularidades, ineficacia y desabastecimiento de libretas, señalando que quedan menos de 290.000 pasaportes disponibles, una cifra insuficiente frente a la demanda nacional.
El llamado de ambos entes de control es claro: urge adoptar medidas extraordinarias para evitar una crisis de documentos de viaje que tendría graves implicaciones sociales y legales para miles de colombianos.
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