Todos los ministros que firmaron el polémico decreto de la consulta popular enfrentan una indagación preliminar. La Procuraduría ya pidió pruebas clave para determinar si se rompió la Constitución.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra todos los ministros del presidente Gustavo Petro que firmaron el decreto que convoca a una consulta popular, una movida del Gobierno que ha sido fuertemente cuestionada por sectores de la oposición y por expertos constitucionalistas.
La acción disciplinaria surge tras denuncias del concejal Daniel Briceño (Centro Democrático) y de la exdirectora del ICBF Cristina Plazas, quienes aseguran que el decreto es abiertamente inconstitucional y vulnera la separación de poderes. Según la queja, el Gobierno habría actuado por fuera de sus competencias legales al saltarse los procedimientos establecidos por la ley para este tipo de mecanismos de participación.
En un documento de seis páginas, la Procuraduría señaló que sí existen méritos para investigar si hubo faltas disciplinarias al firmar este decreto y por eso vinculó a todos los ministros como sujetos procesales. Además, el ente de control decretó pruebas y pidió al Senado un informe detallado sobre el trámite que ha recibido la consulta en el Legislativo.
También solicitó al Ejecutivo todos los soportes, estudios y análisis que sirvieron como base para estructurar el decreto. La decisión aumenta la tensión política alrededor de la consulta, que para el presidente Petro es un mecanismo de respaldo ciudadano a sus reformas, pero que para sus críticos podría ser una extralimitación de funciones.
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