La senadora del Centro Democrático encendió las alarmas en redes sociales y advirtió posibles consecuencias judiciales para el presidente y sus ministros si firman el decreto.
La congresista María Fernanda Cabal lanzó una contundente advertencia al presidente Gustavo Petro y a su gabinete, tras conocerse que el Ejecutivo alista la expedición de un decreto para convocar una consulta popular. A través de su cuenta en la red social X, la senadora del uribismo cuestionó la legalidad de la medida y sugirió que los firmantes podrían enfrentar consecuencias judiciales: “Cuidado con lo que hace Petro. Usted y sus Ministros, si firman el decretazo, deberán responder ante la justicia”, escribió.
El borrador del decreto, que ya circula en los despachos ministeriales, propone llevar a las urnas temas del llamado “Acuerdo Nacional” impulsado por el presidente. Este paso se da luego de que la propuesta fuera archivada en el Senado, hecho que el Gobierno considera una omisión del Legislativo, y que, según su interpretación, habilita al mandatario para actuar por decreto, amparado en lo dispuesto por la Ley 1757 de 2015.
Sin embargo, desde varios sectores de la oposición —con Cabal a la cabeza— se insiste en que la consulta debe ser aprobada primero por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional, lo cual no ha ocurrido. Juristas advierten que saltarse este procedimiento podría derivar en demandas por vicios de forma y una eventual declaración de inconstitucionalidad.
Mientras tanto, la división entre las fuerzas políticas se profundiza. Algunos sectores independientes respaldan la consulta como un mecanismo legítimo de participación ciudadana, mientras que otros la ven como una extralimitación del poder presidencial. La Corte Constitucional, en todo caso, tendrá la última palabra sobre la legalidad del proceso, si finalmente el decreto es firmado y enviado para su revisión.
📌 La tensión crece: ¿Está el Gobierno estirando demasiado los límites constitucionales? ¿O se trata de un ejercicio legítimo de democracia directa? La firma del decreto podría ser el inicio de una batalla jurídica sin precedentes en el actual periodo presidencial.
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