Tras la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima de imponer una medida de detención por presunto desacato, la administración de Johana Aranda aclara que se han presentado los recursos legales y que el proceso no implica privación de la libertad.
La Alcaldía de Ibagué emitió un comunicado oficial este miércoles para explicar los alcances de la medida de detención decretada contra la alcaldesa Johana Aranda por un presunto desacato judicial. Según la administración, la decisión no conlleva una pérdida de la libertad inmediata, ya que se han interpuesto los recursos de ley correspondientes y se está a la espera de la evolución del proceso.
El caso en cuestión se remonta al año 2001 y está relacionado con un fallo que exige la construcción de viviendas para familias del sector Hato de la Virgen. La Alcaldía señaló que este proceso ha enfrentado dificultades históricas, especialmente de tipo presupuestal, que han dificultado su ejecución a lo largo de más de dos décadas.
A pesar de ello, la actual administración asegura haber avanzado significativamente en el cumplimiento de estas obligaciones. “Esta es la única administración que ha destinado más de $7.000 millones para la construcción de 158 viviendas”, se afirma en el comunicado.
Finalmente, el gobierno local reiteró su compromiso con la legalidad y el bienestar de la ciudadanía, en especial en un momento crítico como el actual, en el que Ibagué enfrenta una emergencia sanitaria por fiebre amarilla. “Es tiempo de unidad, no de división”, puntualiza el mensaje.
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