El Ministerio de Hacienda plantea ajustes al sistema actual de retención y autorretención en la fuente. Aunque no se trata de una nueva figura tributaria, sí implica un mayor anticipo de impuestos, con impactos en la liquidez de personas y empresas.
El Gobierno Nacional se alista para expedir un nuevo decreto que modifica el actual esquema de retención y autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. La propuesta, que aún se encuentra en etapa de consulta pública, busca mejorar el flujo de caja del Estado y anticipar el recaudo tributario en un contexto de presión fiscal creciente.
Según el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el proyecto no propone una reforma estructural, sino ajustes puntuales sobre dos pilares principales:
1. Cambios en la retención en la fuente
El principal ajuste es la reducción de los montos mínimos sujetos a retención, lo que amplía el universo de contribuyentes afectados, tanto personas naturales como jurídicas.
- En el caso de servicios, la base mínima pasaría de 4 UVT a 2 UVT (de aproximadamente $200.000 a menos de $100.000).
- Para otros ingresos, el umbral bajaría de 27 UVT a 10 UVT (de unos $1.344.000 a menos de $500.000).
Esto significa que más personas deberán asumir retenciones desde montos más bajos, lo que impactaría directamente su flujo de caja.
2. Ajustes en la autorretención para empresas
Este cambio afectaría principalmente a las personas jurídicas beneficiarias de exoneraciones de aportes, y se aplicaría sobre las ventas. El decreto propone incrementos en las tasas de autorretención por sectores:
- Actividades hoy al 0,55 % pasarían al 1,2 %.
- Generación y comercialización de energía: del 2,2 % al 4,5 %.
- Construcción (demolición y vivienda): del 1,1 % al 3,5 %.
Posibles impactos
Aunque esta estrategia permitiría anticipar recursos al Estado, tendría un efecto directo en la liquidez de los contribuyentes, lo que podría reducir su capacidad de consumo e inversión a corto plazo.
El Observatorio Fiscal advierte que, si la economía no crece como se proyecta, estas medidas podrían derivar en saldos a favor para los contribuyentes o incluso en una caída del recaudo efectivo hacia 2026.
Además, si no se definen como medidas temporales, se convertirían en un incremento real en la carga tributaria, algo que genera preocupación en diversos sectores económicos.
“Es como si el Estado cobrara por adelantado lo que supone que los ciudadanos ganarán, sin certezas”, señaló el Observatorio, haciendo un llamado a implementar la medida con mesura, análisis sectorial y seguimiento riguroso.
El proyecto continúa recibiendo comentarios y sugerencias del público, en medio de un debate sobre la urgencia fiscal del Gobierno versus el impacto financiero sobre los contribuyentes.
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