La administración Trump ha deportado a cientos de inmigrantes, pero se niega a proporcionar detalles sobre su identidad o evidencia de su vinculación con pandillas.
El gobierno de Donald Trump ha enfrentado críticas tras la deportación de más de 260 inmigrantes, muchos de los cuales han sido acusados de ser miembros de pandillas, sin que se revelen pruebas claras de estos cargos. A pesar de que el gobierno asegura que se están tomando medidas para proteger a los estadounidenses de “terroristas extranjeros”, muchos familiares de los deportados y defensores de derechos civiles han denunciado un proceso confuso y sin el debido proceso legal.
Los funcionarios del gobierno han invocado una ley rara vez utilizada, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para acelerar las deportaciones, lo que ha generado una confrontación entre las ramas ejecutiva y judicial del gobierno estadounidense. Mientras tanto, algunos legisladores y grupos de derechos humanos acusan a la administración de actuar fuera de su autoridad, basándose únicamente en la nacionalidad de los deportados y no en pruebas contundentes de actividad criminal.
A pesar de las declaraciones de funcionarios de ICE que afirman haber verificado las afiliaciones de pandillas de los deportados, muchos de los migrantes no tienen antecedentes penales en EE. UU., lo que ha provocado más incertidumbre y críticas hacia el manejo de estas deportaciones.
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