El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, reveló que el gobierno de Gustavo Petro ha invertido más de $2.300 millones en contrataciones de influenciadores para promocionar al presidente y atacar a la oposición en redes sociales, a pesar de la crisis fiscal y el llamado a austeridad.
En medio de la crisis fiscal que atraviesa Colombia, donde el Gobierno Nacional ha recortado el presupuesto en diversas áreas, el concejal Daniel Briceño denunció que la administración de Gustavo Petro ha destinado más de 2.300 millones de pesos a contratar influenciadores, también conocidos como “bodegueros”, para promover su imagen y atacar a sus opositores a través de las redes sociales.
El gasto en influenciadores ha ido en aumento desde que Petro asumió la presidencia en 2022. En los primeros meses de su mandato, el Gobierno Nacional gastó más de 56 millones de pesos en este tipo de contrataciones, cifra que subió a 707 millones de pesos en 2023 y a más de 1.379 millones de pesos en 2024. Para 2025, las renovaciones de contratos ya superan los 193 millones de pesos.
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Este aumento en los gastos en redes sociales ha sido motivo de críticas, especialmente debido a los recortes presupuestarios en otros sectores esenciales. Por ejemplo, la administración ha reducido la inversión en programas sociales y carteras clave mientras mantiene una asignación considerable para este tipo de contrataciones.
Entre los influenciadores contratados por el Gobierno de Petro, destacan nombres como Celso Tete Crespo, quien recibió más de 280 millones de pesos entre 2023 y 2024, y David Enrique Porras Pérez, quien también está vinculado a gobiernos extranjeros, como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Otros nombres mencionados son Germán López Álvarez, Jader David Rozo (conocido como ‘Don Izquierdo’) y Laura Julieth Martínez Morales (‘La Julieta’), quienes han cobrado montos significativos por su labor en redes sociales para apoyar al gobierno y atacar a la oposición.
Este gasto ha generado un debate sobre el uso de recursos públicos en propaganda digital mientras el Gobierno enfrenta una difícil situación fiscal. La oposición cuestiona si estos fondos podrían haberse destinado a otros proyectos de mayor impacto social, especialmente cuando varios programas gubernamentales han sido reducidos o suspendidos por falta de recursos.
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