La congresista Jennifer Pedraza solicitó al presidente Gustavo Petro sancionar la ley que prohíbe el matrimonio infantil en Colombia, tras la histórica decisión de la Corte Constitucional que establece la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años.
La Corte Constitucional de Colombia dictó el 6 de febrero de 2025 una importante sentencia que prohíbe el matrimonio infantil en el país, declarando la inexequibilidad de los artículos 117 y 124 del Código Civil. Según el fallo, el matrimonio y las uniones tempranas son una práctica nociva y contraria a la Constitución, además de perpetuar estereotipos de género perjudiciales para los menores.
En este contexto, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, destacó que el Congreso ya había avanzado en la prohibición del matrimonio infantil con un proyecto de ley que busca eliminar las uniones con menores de edad. Pedraza solicitó al presidente Gustavo Petro sancionar dicha ley para que se convierta en política pública.
La congresista de Dignidad enfatizó que su proyecto no solo deroga los artículos mencionados, sino que también incluye disposiciones para proteger los derechos patrimoniales de los menores, especialmente en comunidades indígenas, y establece mecanismos de rendición de cuentas ante el Congreso para asegurar la implementación efectiva de la ley.
La decisión de la Corte fue celebrada por varios congresistas y figuras políticas, como la senadora María Fernanda Cabal, quien la calificó como un paso importante para proteger los derechos de los niños y niñas. La representante Alexandra López, ponente de la iniciativa, también celebró la decisión del alto tribunal, que apoyó los lineamientos de su propuesta.
El excontralor Felipe Córdoba también respaldó la medida, afirmando que la eliminación del matrimonio infantil es una “maravillosa decisión” para proteger a los menores de Colombia de abusos y violencia.
Por su parte, la Corte Constitucional ordenó a las autoridades nacionales y territoriales diseñar políticas públicas para erradicar las uniones infantiles y llevar a cabo campañas pedagógicas en zonas del país con mayor incidencia de estas prácticas.
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