Desde el 5 de febrero de 2025, por orden de la Corte Constitucional, los aguardientes podrán circular libremente en todo el territorio colombiano, eliminando las restricciones previas que limitaban su venta según la región.
La decisión histórica de la Corte concluyó que la normativa vigente, que permitía a los gobernadores prohibir la venta de aguardiente de otras regiones, restringía la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores. La demanda fue presentada por Felipe Robledo y Jorge Enrique Sánchez, quienes argumentaron que esta medida no cumplía con los requisitos de idoneidad y afectaba el mercado de manera injusta.
A partir de ahora, los consumidores podrán elegir cualquier marca de aguardiente sin restricciones geográficas, lo que beneficia tanto a los productores como a los aficionados a este licor tradicional. Esta medida pone fin a un monopolio que había sido aprobado durante el gobierno de Juan Manuel Santos y que había perdurado por décadas.
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