El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, ha manifestado una oposición categórica a la reciente aprobación de la Asamblea Departamental de Antioquia de una tasa especial de seguridad que se financiaría mediante un incremento en la tarifa de energía eléctrica. Gutiérrez ha asegurado que Empresas Públicas de Medellín (EPM) no implementará este cobro adicional a los ciudadanos y empresas de la ciudad.
La ordenanza, promovida por el gobernador Andrés Julián Rendón, fue aprobada con 14 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. La medida establece un cargo adicional en la factura de energía para los estratos 4, 5 y 6, así como para establecimientos comerciales, con el objetivo de recaudar aproximadamente 1,2 billones de pesos entre 2025 y 2027, destinados a fortalecer la seguridad en el departamento. 
Gutiérrez expresó su desacuerdo a través de la plataforma X (anteriormente Twitter), afirmando: “No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas. No estoy de acuerdo que se afecte la tarifa de energía a través de la cuenta de servicios públicos. Como Alcalde de Medellín y Presidente de la Junta Directiva de EPM no permitiré que se haga dicho cobro a través de la cuenta de servicios públicos.” 
El alcalde también destacó los esfuerzos de su administración en materia de seguridad, señalando que Medellín invertirá 1,3 billones de pesos en el fortalecimiento de los organismos de seguridad y en tecnología durante el período 2024-2027. Además, informó que el Área Metropolitana destinará 150.000 millones de pesos para la instalación de cámaras de seguridad en los 10 municipios que la conforman. 
La propuesta del gobernador Rendón ha generado controversia y rechazo por parte de diversos sectores, incluyendo gremios empresariales y ciudadanos, quienes argumentan que la carga tributaria ya es elevada y que la tarifa de energía es suficientemente costosa. A pesar de la aprobación de la ordenanza, la implementación efectiva del cobro adicional enfrenta desafíos significativos, especialmente ante la negativa de EPM de incluirlo en sus facturas.
Este enfrentamiento entre las administraciones municipal y departamental refleja las tensiones en torno a las estrategias de financiación de la seguridad pública y la protección del bolsillo de los ciudadanos en Antioquia.
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